La lucha contra la burocracia es uno de los ejes de la estrategia de la Comunidad de Madrid para dinamizar la economía. No es para menos: según el Barómetro de Negocios de 2022 del Instituto de Comercio Exterior, el entorno regulatorio español es uno de los aspectos con peor valoración por parte de las empresas extranjeras que tienen abierta sede en nuestro país. La valoración más crítica, como en años anteriores, es la carga burocrática en el funcionamiento de la empresa.
Por este motivo, la Comunidad de Madrid centra gran parte de su estrategia económica en luchar contra las cargas burocráticas que afrontan tantas empresas en el día a día, lastrando su funcionamiento y llegando incluso a desincentivar la inversión o la continuidad. Por ello, hace dos años se aprobó la llamada “línea abierta contra la hiperregulación”, una ventanilla online con la cual el empresario puede ponerse en contacto con la Administración Pública para contar los problemas administrativos con los que se ha encontrado su negocio.
Se trata de una ventanilla online en la que los inversores pueden describir las barreras que encuentran en aquella normativa sobre la que se rige su actividad y cómo afecta a la hora de poner en marcha sus proyectos. Además, pueden aportar opciones de mejora para estudiar su viabilidad y analizar, en coordinación con las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, de qué manera modificar o suprimir toda aquella regulación que haya podido quedar obsoleta.
Desde entonces, han sido cientos de empresas las que se han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid a través de esta ventanilla. Consecuencia directa de estas consultas son las 205 reformas de mejora regulatoria, simplificación administrativa y derogación normativa que la Comunidad de Madrid ha aproado en las áreas de Medio Ambiente y Vivienda, Sanidad, Economía y Empleo, Políticas Sociales, Cultura, Turismo y Deporte, Transportes e Infraestructuras, Educación y Universidades, Presidencia, Justicia e Interior y Administración Local. De ellas, el 78% ha supuesto una mejora regulatoria y el resto se ha traducido en una simplificación burocrática.
En este sentido, cabe destacar la importancia de la aprobación de la Ley Ómnibus en diciembre del año pasado, con la que se quiere dotar de mayor dinamismo a la actividad económica, adaptar la legislación y modernizar la Administración. A ello se une la Aceleradora de Inversiones, para agilizar los proyectos de especial interés para la región.
En el área medioambiental de la normativa, destacan iniciativas como la sustitución por declaración responsable de la autorización para ocupar terrenos de vías pecuarias de forma temporal para la práctica de actividades recreativas o deportivas; declaraciones responsables en las labores de poda en terreno privado; adaptación de la normativa en materia de residuos y suelos contaminados a la legislación estatal básica, y sustitución de la normativa obsoleta relativa a la gestión de pilas y acumuladores.
Otras medidas han sido la supresión de la necesidad de informe o supervisión de proyectos por la Administración autonómica, para los contratos de obras municipales incluidos en el programa regional de inversiones y servicios; o que agentes de otras regiones puedan desarrollar su actividad en la Comunidad sin requisitos adicionales (Ley de Mercado Abierto).
También ha visto luz verde la flexibilización del régimen de las cooperativas de trabajo; la reducción de cargas administrativas para la obtención de las hojas de reclamaciones; la supresión de los trámites administrativos innecesarios en la realización de actividades artesanas; la libertad de elección de Oficina de Empleo; la nueva oficina virtual para el contribuyente; la ampliación de horario de terrazas, o la reducción de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento de Renta Mínima de Inserción, entre otras.
