Uno de los objetivos de la ley de startups aprobada a finales del año pasado es la atracción de talento e inversión extranjera. La nueva norma pretende facilitar la entrada en España de diferentes perfiles internacionales con altas competencias digitales. Nómadas digitales, trabajadores remotos, inversores y empleados extranjeros tienen apartado propio en esta ley, que busca aumentar la inversión en startups y convertir estas empresas en uno de los motores de la modernización de la economía española.
La norma incluye mejoras burocráticas y fiscales para la creación y la inversión en este tipo de empresas, ampliando además la vigencia de los permisos de residencia para retener el talento internacional.
Mejoras burocráticas
Gracias a la ley, los inversores foráneos ya no necesitan el Número de Identificación de Extranjero, sino que bastará con el Número de Identificación Fiscal que se exige a cualquier empresa a la hora de registrarse. Este NIF se exigirá tanto a personas físicas como jurídicas, y su obtención se hará vía electrónica, a través de la Agencia Tributaria, que deberá resolverlo en un plazo de diez días hábiles.
Mejoras fiscales
Las mejoras fiscales aplicadas a las empresas declaradas emergentes serán también de aplicación a los inversores extranjeros que decidan crear una startup en España. Así, la tasa de impuesto de sociedades se establece en 15% durante los primeros cuatro años, siempre y cuando la empresa mantenga su condición de emergente durante este período.
A esto se suma el régimen especial de impatriados, vigente desde el año 2004. Según esta norma, conocida como “ley Beckham”, todo trabajador por cuenta ajena desplazado en España tributará anualmente por el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR), que tiene un gravamen más bajo que el IRPF: del 24% hasta los primeros 600.000 euros generados. La Ley de Startups flexibiliza y amplía los supuestos para acogerse a este régimen. Si antes era necesario no haber sido residente fiscal en España en los últimos diez años, ahora basta con cinco.
La ley contempla también más incentivos para la inversión inicial en startups. Los conocidos como Business Angels podrán disfrutar de las ventajas que se aplican a los socios fundadores de una empresa: el porcentaje de deducción por suscripción de acciones en el IRPF del inversor se eleva del 30% al 50%, y la base máxima de deducción aumenta de 60.000 hasta 100.000€. Todo esto, siempre y cuando los fondos propios no superen los 400.000 euros y las participaciones se adquieran en los cinco primeros años de vida de la compañía, manteniéndose entre tres y doce años.
Permisos de residencia
La norma amplía la duración de la autorización inicial de residencia de uno a tres años para inversores y emprendedores que empiezan una actividad económica en España; de uno a dos años para estudiantes en prácticas que busquen empleo o que quieran emprender al terminar los estudios; y de tres años (o de la duración del contrato) para profesionales extranjeros altamente cualificados que vengan a trabajar en una empresa del país. Este permiso será ampliable a cinco años, momento a partir del cual se podrá solicitar la residencia permanente.
Además de todo esto, la ley de startups recoge la creación de un visado específico para nómadas digitales, que busca la atracción y retención de profesionales por cuenta ajena y propia altamente especializados. Mediante este mecanismo, se amplían los permisos de residencia en nuestro país, con un visado de un año más tres de residencia. Hasta ahora estos profesionales sólo podían permanecer en nuestro país los tres meses máximos permitidos por el visado de turista.